Organizaciones sociales y comunidades salvadoreñas se movilizan frente al Congreso y la Casa Presidencial para exigir la continuidad de la prohibición de la minería metálica, vigente desde 2017.

San Salvador amaneció este martes con manifestaciones frente a la Asamblea Legislativa, donde organizaciones sociales y habitantes de diversas comunidades exigieron a los diputados que mantengan la ley que prohíbe la minería metálica, aprobada en 2017.

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El movimiento surge tras declaraciones del presidente Nayib Bukele, quien ha promovido la derogación de la ley argumentando que El Salvador posee significativas reservas de oro que podrían transformar la economía del país.

Desde temprano, miembros de comunidades como Santa Marta y organizaciones ambientalistas realizaron un plantón frente al Congreso. De acuerdo con los manifestantes, permitir la explotación minera pone en riesgo recursos vitales como el agua y afecta directamente la salud de la población.

«La minería metálica no es compatible con un país tan densamente poblado y con recursos hídricos ya limitados», expresó un activista presente en la protesta.

En paralelo, otro grupo de organizaciones realizó una caminata hacia la Casa Presidencial para entregar un pliego de peticiones, no solo relacionadas con la minería, sino también sobre el régimen de excepción que ha generado múltiples detenciones arbitrarias según los convocantes.

El trasfondo de la minería en El Salvador

La minería metálica fue prohibida en El Salvador tras años de lucha por parte de movimientos sociales y comunidades afectadas por la contaminación generada por proyectos extractivos.

Sin embargo, el gobierno actual ha resaltado el potencial económico de reabrir esta industria. Según el presidente Bukele, los depósitos de oro en el país tienen un valor estimado de más de 131 mil millones de dólares, equivalente al 380% del PIB nacional. Para Bukele, mantener la prohibición es «absurdo», destacando que El Salvador es el único país en el mundo con una política de este tipo.

El anuncio ha generado polémica tanto a nivel nacional como internacional. Activistas y expertos han señalado los riesgos ambientales que supone la minería en un país donde la principal fuente de agua, el río Lempa, podría verse seriamente afectada.

Pedro Cabezas, líder de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, destacó que «una mina en zonas como Chalatenango, con alta densidad poblacional y reservas forestales, tendría efectos devastadores».

En contraste, sectores afines al gobierno argumentan que la minería podría generar empleo y aumentar los ingresos fiscales, lo cual es crucial para una economía marcada por el crecimiento lento y la alta informalidad laboral.

Centroamérica en pie de alerta contra la minería canadiense

Las protestas actuales en El Salvador contra el impulso del Ejecutivo a una ley que permitiría la minería metálica encuentran antecedentes en el rechazo regional a proyectos similares promovidos por empresas mineras de origen canadiense.

Un ejemplo fue la manifestación acuática de abril de 2024, cuando activistas de El Salvador, Guatemala y Honduras navegaron por el lago de Güija para expresar su oposición a la mina Cerro Blanco, un proyecto de extracción de oro y plata situado en Guatemala, cerca de la frontera salvadoreña.

Este proyecto, operado por una empresa canadiense, generó preocupación por su conversión a un modelo de explotación a cielo abierto, con potenciales efectos devastadores sobre los ecosistemas de ambos países.

La movilización incluyó un centenar de ambientalistas que, desde pequeñas embarcaciones, portaban pancartas y consignas en defensa del medio ambiente.

Claudia Rodríguez, de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador, denunció en esa oportunidad que estos proyectos «comercializan con nuestro medio ambiente y nuestro futuro».

Las aguas del lago Güija, vitales para las comunidades locales, también alimentan el río Lempa, una de las principales fuentes de agua potable en El Salvador, lo que amplificó el temor a la contaminación por desechos mineros.

La mina Cerro Blanco se ha convertido en un símbolo del impacto transfronterizo de la minería metálica, particularmente por el uso de químicos en el proceso de extracción. Organizaciones ambientalistas han advertido que la contaminación de las aguas no solo afectaría a Guatemala y El Salvador, sino también a Honduras, en un claro ejemplo de cómo los intereses de grandes empresas, muchas de ellas canadienses, pueden amenazar la sostenibilidad ambiental y los derechos de las comunidades.

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